El origen del desorden en las pistas

El origen del desorden en las pistas

ENTRE 80 MIL Y 100 MIL ACCIDENTES DE TRÁNSITO SE REGISTRAN POR AÑO

Desde hace 26 años, un conjunto de normas ha permitido que colapse el servicio de transporte público en el Perú.

Era el 24 de junio de 1991 y la economía del Perú se recuperaba de una seria inflación que venía arrastrándose desde el Gobierno de Alan García (1985-1990). El entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dictó medidas para impulsar el libre mercado a través de un paquete de reformas que alinearían los servicios al mismo modelo. Este ‘paquetazo’ incluyó el Decreto Legislativo N° 651, aplicable al sistema de transporte público.

La norma permitió a las empresas de transporte fijar sus propias tarifas. De esta manera, el Estado dejó de participar en la formulación y administración de precios para el transporte de ciudadanos en las calles. Según el Decreto Legislativo, lo que se buscaba era “asegurar la satisfacción de la creciente demanda del servicio”, además de “mejorar condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”.

CHATARRA ANDANTE

En 1992 fue firmado el Decreto Ley N° 25789, que dio paso a la importación de unidades vehiculares usadas. Flotas enteras de buses, combis y coasters viejas empezaron a circular. Si bien la medida permitió el crecimiento del mercado de transporte, con el tiempo contribuyó a la congestión en las pistas.

La norma no alcanza a los autos y camionetas de uso privado antiguos, pues su circulación depende de las inspecciones técnicas vehiculares que dirige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El especialista advierte que la corrupción es un problema en estos procedimientos. “La calidad de las inspecciones es muy, muy mala. La idea de estas inspecciones es que se controle el uso de autos privados antiguos. Pero el sistema está perforado por clarísimas señales de corrupción desde que las revisiones técnicas son pasadas por agua tibia y no se han formulado mayores exigencias al respecto”.

FALTAS SIN CASTIGO

Según cifras de la Policía Nacional, entre el 2010 y el 2016, las infracciones de tránsito en el país sumaron 10 917 200. Poco más del 40% se concentró en Lima. Algunas de las infracciones más graves y comunes son conducir sin licencia, sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o con presencia de alcohol en la sangre en proporciones mayores que los 0.5 gramos por litro tolerados por ley.

Las multas por conducir con la licencia vencida van desde los S/ 202.5 (5% de la UIT actual) hasta los S/ 2430 (60% de la UIT actual). En el caso de conducir sin el SOAT, el infractor deberá pagar S/ 486 (12% de la UIT actual). Conducir con 0.5% de alcohol en sangre o 0.25% en caso de transporte público, la multa es de S/ 2025 (50% de 1 UIT).

Todas las papeletas que emite la Policía y las actas de control de las municipalidades son consideradas medios de sanción administrativa y están sujetas a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

VÍCTIMAS DESPROTEGIDAS

Sobre las fallas en la legislación vial, ya que existe “dispersión de textos” en el Código Penal, lo que contribuye a que se invisibilicen las deficiencias del sistema.

Actualmente, el Código permite que un chofer sin antecedentes vea disminuido el plazo de su pena hasta a cuatro años de cárcel, aun cuando cause la amputación de la extremidad de la víctima del accidente u otros daños. Este mismo plazo es aplicable también para quien causa una fractura, por lo que debería endurecerse las penas de acuerdo a la gravedad de las lesiones.

“Estamos acostumbrados a imponer papeletas sin que exista sanción efectiva. Por eso hay conductores con un sinnúmero de papeletas y que siguen circulando. Debería bastar con dos infracciones muy graves para que se les quite la licencia de conducir. Deberíamos olvidarnos ya de la sanción pecuniaria, reparar en que estamos tratando, en muchos casos, con potenciales asesinos sobre ruedas, y darles, al menos, esta lección”.

ACTORES Y LEYES QUE NO ALCANZAN

El sistema del transporte público actual en el Perú es regulado por la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre (Ley N° 27181) que se promulgó en 1999. Esta delimitó quiénes son las autoridades competentes para fiscalizar el funcionamiento del servicio: el MTC; los Gobiernos Regionales, las Municipales Provinciales y Municipales Distritales; la Policía Nacional; y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Otras autoridades creadas más recientemente son la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE); el Consejo Nacional de Seguridad Vial; el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN); y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRÁN).

Pese a que la ley también exige la intervención del Estado frente a casos de distorsión o abuso en el mercado de transporte, esto nunca se ha cumplido. Lino de la Barrera indicó que la concertación de precios es una mala práctica empresarial que debe ser comprobada y sancionada por el INDECOPI, pero que esto no siempre sucede.

DATO

Desde fines de la década de 1980 hasta inicios de 1990, la economía nacional sufría por la escasez de productos, la crisis laboral y el desinterés de los inversionistas.

“En el país se registran entre 80 mil y 100 mil accidentes de tránsito por año. Además, solo en el 2016 fallecieron cerca de 21 mil personas por esta causa”

 

La norma no alcanza a los autos y camionetas de uso privado. La circulación de los particulares con tiempo considerable de antigüedad depende de las inspecciones técnicas vehiculares que dirige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“El tope permitido de 0.5 gramos por litro de alcohol en la sangre equivale a tres vasos de cerveza, dos copas de vino o una onza de alguna bebida más fuerte, como whisky, ron o pisco. Así lo explicó a Andina el experto en química y toxicología legal del Ministerio Público César Canales”

“La ley de procedimientos administrativos establece que el pago de las multas vence a los cuatro años. La sobrecarga y demora en los procesos judiciales también es un mal que beneficia a algunos”

 

Luz Ámbar denunció que la acción del INDECOPI es insuficiente en terminales terrestres como el de Yerbateros, en San Luis. Según señala la organización, las compañías de buses interprovinciales se ponen de acuerdo para elevar sus tarifas en fechas festivas.

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